En las últimas horas, la Policía Federal Argentina llevó adelante 38 allanamientos, ordenados por el Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana a cargo de Adrián González Charvay y secretaría Penal N°3 a cargo de Felipe Scagliotti, mediante los cuales lograron obtener elementos de prueba que vinculaban a empresas y personas físicas con maniobras de contrabando y lavado de activos.

La empresa Ambiental Campana SA fue denunciada por presunto fraude en más de 100 exportaciones de oleínas y ácidos grasos, subfacturadas en casi el 70% —a la firma podría caberle una multa mínima de USD 67 millones.

La investigación fue llevada adelante por los detectives del Departamento Delitos Fiscales de la Policía Federal, que tras un minucioso análisis de información digital y financiera, sobre ciento ochenta domicilios de empresas y personas físicas, como también diferentes tareas de campo sobre los mismos, lograron dar con una red de firmas y personas físicas (vinculadas entre sí), las cuales se dedicaban, en primer lugar, a efectuar maniobras de contrabando de mercadería declarada como ácido oleico y posteriormente una triangulación internacional del dinero obtenido, a fin de darle apariencia de licitud.

La maniobra consistió en exportar los productos a Chile, pero triangulando la facturación con una empresa intermediaria radicada en Estados Unidos, aunque no se aprecia ningún valor agregado tangible que justifique el margen de refacturación de más de USD 11 millones por parte del tercer operador.

Las pesquisas comenzaron durante noviembre de 2021, a través de una serie de denuncias, por los delitos de contrabando y lavado de activos, realizadas por PROCELAC y por la Dirección de Investigaciones de la Dirección General de Aduanas en la justicia interviniente, donde informaban que un grupo de personas estarían operando con empresas que se encuentran en funcionamiento y otras “fantasmas”, cuyo fin era exportar subproductos oleaginosos (ácido oleico, ácido graso, entre otros) mediante mecánicas de triangulación nociva de facturaciones.

Todo ello tenía dos objetivos, en primer lugar, obtener un beneficio económico mediante una diferencia de valor FOB entre la Aduana de nuestro país y la Aduana de la República de Chile y, por otro lado, dar apariencia de licitud a ese dinero producto de la maniobra de contrabando, mediante una triangulación financiera con firmas radicadas en Estados Unidos.

Según se informó desde la fuerza federal, la organización estaba compuesta por al menos cuarenta y cinco personas y diecinueve empresas. Entre ellas, fue evidente para los investigadores, notar que algunas firmas obrantes como exportadoras en la mecánica, eran creadas a los únicos fines de generar facturación, siendo “Empresas fantasmas”, que no presentaban la solvencia para acreditar las sumas millonarias de mercadería que comercializan.

Tras la investigación en curso, los efectivos federales en conjunto con la Dirección General de Aduanas, pudieron individualizar a todos los socios y profesionales involucrados en la actividad ilícita, lo que promovió desplegar diferentes tareas investigativas en el AMBA y las provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, lográndose evidenciar una organización criminal, con ramificaciones en la República de Chile y Estados Unidos, la cual cometía delitos de contrabando de mercaderías, como así también el lavado de activos.

Entre los lugares allanados hay estudios de despachantes de aduana, domicilios particulares, plantas, oficinas, locales comerciales y estudios jurídicos contables, que involucran a personas de la ciudad de Gualeguaychú. Se secuestró documentación de interés para la causa y 3 armas de fuego.

Según lo informado por la autoridad judicial las empresas que forman parte de la organización habrían perjudicado a las arcas del Estado en una suma superior a los USD 200.000.000, mientras que la Dirección Nacional de Aduanas pretende aplicarles las multas pertinentes.