Sobre el proceso judicial que la destituyó y los planteos que presentó, en declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza), Goyeneche sostuvo que “es un proceso largo, hace menos de un año que quedó firme y quedé excluida del Poder Judicial aunque me sacaron del cargo en los primeros días de diciembre de 2021 mientras estábamos llevando adelante el juicio a Urribarri. Sigo esperando el fallo de la Corte, estoy convencida de que va a tener un final feliz para mí pero hay que esperar y saber que los tiempos de las causas judiciales son bastante prolongados. La Corte está moviendo el expediente pero todavía faltan varios pasos”.
En cuanto al tiempo en que se podría resolver, sostuvo que “es bastante impredecible para todas las causas de la Corte; desde el Ministerio Público tenemos un montón de recursos extraordinarios por casusas penales y sabemos que las causas en la Corte llevan años. En algunos casos esos plazos se acortan bastante y tengo la esperanza de que mi caso no se demore todo el año y que sea un tiempo un poco menor. Eso nunca se sabe y es algo que no se puede prever. De todos modos, es un buen indicio que la causa se está moviendo y que están trabajando en la causa, no es que está quieta en un escritorio sino que va pasando de un escritorio a otro y eso es bueno porque demuestra que no es una causa que han dejado de lado”.
Consultada sobre el recambio de gobierno que se avecinan en la Nación y la provincia, Goyeneche consideró que “el recambio es siempre favorable a las instituciones, a la institucionalidad. El mantenimiento, sobre todo en la provincia que hace muchos años venía ejerciendo el poder un mismo signo político, hace muy marcada la necesidad de oxigenación política. Creo que es bueno para todos, porque incluso en las causas de corrupción se ve cómo el transcurso del tiempo en el poder va generando prácticas ilegales y un acostumbramiento a la impunidad, que lo único que hacen es estropicios con las instituciones y con los bienes públicos”.
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“Me parece que era muy necesario en la provincia un cambio de signo político, puede ser una experiencia exitosa o no, pero es bueno que no sean siempre los mismos para evitar esta tendencia a pensar que el Estado y los recursos públicos son propios y que el gobernante es el mejor para administrarlos y se pierde la conciencia de los límites. Por eso en general se ve que las primeras gestiones de gobierno suelen ser más prolijas y las segundas gestiones de gobierno producen cosas que son más nocivas institucionalmente, y eso tiene que ver con que se van corriendo los límites de a poco”, evaluó.
Sobre la condena a nueve años de prisión a Luis Mazurier donde el propio Tribunal marca en su fallo que muchas de las irregularidades y delitos persisten y se siguen cometiendo, la ex fiscal afirmó: “En la gestión pública es indispensable el sometimiento a la legalidad; cuando el que tiene a cargo una administración en particular deja de lado lo que dice la ley y opta por una alternativa que le puede parecer mejor pero fuera de la ley, está ya del lado del delito. No se puede optar por aplicar el dinero o el bien administrado de una manera distinta a lo que dice la ley. Se van modificando los límites y la idea de que siempre se hizo y el que estaba antes lo hacía así, justifica que lo que pasa no debería pasar y que están cometiendo delitos. Por suerte, de vez en cuando aparecen algunas sentencias marcándolo para que no se mantenga la idea de que eso es lo correcto”.
Respecto de las falencias de los organismos de control, dijo que “el modelo fue modificado después de la causa de las cajas de alimento para hacerlo un poco más ineficiente, y además los organismos de control fueron cooptados por designaciones de personas que tenían alguna vinculación o un interés en no actuar adecuadamente. Los últimos acuerdos que dio el Senado a los concursos exprés que hizo (Gustavo) Bordet es una expresión de eso, la necesidad de nombrar a quienes van a controlar, como el caso de Labriola saltando de controlado a controlador de sus propias cuentas. Y los organismos de control no pueden hacer todo, es evidente que aunque funcionaran muy bien no descubrirían todos los casos. En el caso del megajuicio de Urribarri era muy difícil que los organismos de control los detectaran, porque había un fraude donde se escondían todos los datos, creando empresas a nombre de terceros, con testaferros, pero también había cosas que eran detectables y que no fueron advertidas adecuadamente o también hubo cosas advertidas por los organismos de control que se pasaban por alto”.
En cuanto a la transparencia y honestidad de la futura gestión, admitió: “Creo que todos los ciudadanos estamos un poco preocupados con eso. Que tiene que ver con la moralidad de los funcionarios públicos en general, que no se llegue a la función pública buscando que esta sea una forma de encontrar negocios más rentables. A mí me preocupa y creo que a muchas personas les preocupa. El sistema político, el juego político para el acceso a los cargos, no es muy amigable con la idea de que la política no debe funcionar para buscar el negocio particular”.
En esa misma línea, admitió que le “sorprende que los funcionarios de la Legislatura, los responsables de la aplicación del dinero de la Legislatura sigan con un sistema que ya se advirtió marcadamente ilícito y que opten por seguir con lo mismo. Me sorprende mucho la opacidad, la oscuridad con que llevan delante esta función; nadie sabe cómo se aplica el dinero, cuántos contratados hay, quiénes son los contratados, y eso sigue igual que hace cinco o seis años atrás, y me sorprende porque ya se sabe cómo termina y van a pasar 10 años y vamos a estar en la misma situación, porque es delito”.
Y sobre los juicios y posibles condenas, explicitó: “Ya fueron descubiertos haciendo esto y no modificaron en nada la práctica; ya saben que eventualmente pueden ser descubiertos, y si bien no han sido condenados por esto, a nadie le gusta estar sometido a una causa penal, se generan muchos problemas políticos y personales cuando eso pasa, los mismos funcionarios padecen todo ese proceso, aun cuando la pena demore en llegar un montón de años, aun cuando tengan expectativas hasta último momento de que va a llegar algo mágico que va a evitar cumplir la pena, pero esto termina pasando. Eso es lo que me llama la atención porque las personas solemos ser reactivas a riesgos de este tipo y a readecuar las conductas para evitar estar en situaciones de este tipo. Aun cuando no sea la situación pensar en que vas a estar adentro de la cárcel, todo lo demás también es desagradable y eso es lo que yo digo que me llama la atención que sigan en el mismo tren. Y eso es la impunidad”.
En otro orden de temas, confirmó que “está en la Corte” la discusión por el criterio que bajó la Sala Penal sobre los 18 meses como plazo máximo para investigar casos de corrupción: “Es otro de los expedientes que se está esperando que salga sentencia. Se está moviendo. Hay varios antecedentes en la Corte de casos de otras provincias donde se han declarado inválida decisiones como las que tomó el Superior Tribunal. Pero bueno, también está sometida a los tiempos de la Corte”.
Al respecto, comentó que dicho criterio “la semana pasada se aplicó a una causa de un abuso sexual infantil que se había investigado en Concepción del Uruguay. Había llegado a juicio, en dos años se hizo el juicio y se condenó a la persona a ocho o diez años de prisión. Se confirmó esa condena en la Cámara de Casación de Concordia y cuando llegó al Superior varios años después anularon todo y ordenaron que se dicte el sobreseimiento con votos de Carubia y de Misawak, y voto en disidencia de Miguel Giorgio. Así que es la primera vez, ahora que está aproximándose a llegar a la Sala Penal la causa de Urribarri, la extendieron en esa causa que es una barbaridad porque era una víctima infantil, es un abuso sexual. Hay pactos internacionales que nos comprometen, hay responsabilidad internacional. Así que es muy grave lo que pasó y seguramente esa causa va a ser recurrida también ante la Corte”.
“Esta norma que ahora le encontraron esa interpretación está vigente hace décadas. Ellos le encontraron esa interpretación ahora como una forma de lograr impunidad, de trabajar por la impunidad, pero de esa norma había un consenso, y lo sigue habiendo, de que los plazos procesales son plazos que son ordenatorios, que tienden a facilitar que las partes insten el proceso, que aceleren, pero que no tienen como consecuencia el sobreseimiento de las personas, la extinción de la acción penal. Porque eso, la extinción de la acción penal, es algo que regula el Estado Nacional, está reservado al Estado Nacional y lo regula en el Código Penal, no en el Código Procesal que es materia de las provincias. Lo que pasó acá es que existía ese consenso, todos sabíamos de que este plazo era un plazo ordenatorio, que así como hay causas que llevan dos meses para investigar, hay causas que llevan dos años y otras causas que llevan cinco años. Entonces, lo que pasó es que se cambia el criterio interpretativo y se aplica para atrás, para casos anteriores. Entonces, es imposible que funcione más o menos adecuadamente”, explicó.
Consultada por la determinación del fiscal Santiago Brugo de desestimar su denuncia contra el accionar del jurado de enjuiciamiento, Goyeneche refirió: “Yo había denunciado, creo que el 30 de diciembre del 2021, a los doctores Martín Carbonell, Claudia Mizawak, Daniel Carubia, Sonia Rondoni y Armando Gay, por abuso de autoridad, porque cuando abrieron el jury decidieron excluir o inaplicar una ley que decía que la acusación estaba a cargo del Ministerio Público Fiscal. Eso es un delito en el Código Penal porque los funcionarios públicos todos, están obligados a cumplir la ley porque es el anclaje democrático de la función pública. El funcionario público no puede hacer lo que se le canta, sino lo que dice la ley, que es lo que dice el ciudadano a través de las leyes. Yo los denuncié en ese momento y la verdad es que jurídicamente el dictamen de Brugo es un disparate, no es algo que pueda sostenerse jurídicamente. Es algo que no me preocupa demasiado porque es algo que obviamente lo voy a recurrir y probablemente sea revocado porque no es una pieza jurídica sostenible, no hay libro que sostenga lo que dice Brugo”.
“Si me preguntás si me sorprendió en términos personales, la verdad que demasiado no me sorprende porque, como se han dado las cosas, algunas personas pretenden hacer una muestra explícita de sumisión a la Sala Penal o a algunos vocales del Superior Tribunal de Justicia para pasarla mejor. Y creo que este es el caso. Es un acto de una suerte de tributo, porque casi dos años después de la denuncia, el último día antes de irse del cargo saca esta resolución como su último tributo a los que van a ser sus nuevos jefes, a los que él percibe como sus jefes. El Superior Tribunal de Justicia, que no es superior jerárquico de los jueces, pero que algunos lo ven como superior jerárquico, es el que da licencias, el que en los últimos meses, el que sin ningún basamento normativo decidió suspender a dos jueces sin estar facultados para eso. Es el que te saca un empleado o te pone un empleado, el que te asigna más o menos causas. Hay muchas cuestiones de la vida cotidiana que hacen que una persona pueda tener un mejor pasar o un peor pasar, según cómo se lleve con la burocracia del Superior Tribunal de Justicia”, describió.
Por último, sobre la preparación de los fiscales para trabajar causas de corrupción, Goyeneche reconoció que “no todos los fiscales están preparados para eso; así como tampoco todos los fiscales están adecuadamente preparados para llevar algún delito de alguna característica particular. Las investigaciones, sobre todo las investigaciones de delitos económicos, tienen particularidades. Y no todos se han preparado para eso. Cada vez más en las investigaciones penales se tiende a la especialidad, porque no es lo mismo investigar hechos de delincuencia común que investigar corrupción. Por el tipo de pruebas y ni hablar de las presiones que uno padece y de todas las consecuencias que se derivan de las investigaciones de corrupción a nivel independencia. El sólo hecho de investigar requiere ir adquiriendo conocimientos particulares de cómo producir la prueba, es necesario tener mucho conocimiento de informática, de colaboración internacional”.
“Hay una cuestión de base ética personal y hay una segunda cuestión que es a mayor formación, mayor independencia; cuando una persona está bien formada y segura de lo que está haciendo tiene más recursos para resistir algunos embates. Y mucho también de coraje. Hay muchas personas que valoran en exceso la comodidad o el lugar donde están y eso hoy en día es incompatible con investigaciones importantes de corrupción. Y esto no solamente es con los fiscales, nos pasa mucho con los jueces. Tenemos respuestas judiciales muy disímiles dependiendo de la forma de ser, de la valentía, de la posición que tenga el juez frente al mundo. Eso es muy marcado. Y hemos visto lo que padecen aquellos que se animan a decir que no, aunque sea uno chiquito, a alguna presión, como el caso del juez Vergara”, planteó.
“Cuanto más opaco sea para la opinión pública, cuanto más inaccesible sea para la opinión pública a ver qué es lo que está pasando realmente detrás de la estructura del Poder Judicial, más fácil es ceder a las presiones, más gratis sale ceder a las presiones. Lo que estamos hablando en realidad es corrupción judicial; que podría haber eventualmente casos donde, por dinero o para evitar verse sometido a un jury, algunas personas decidan ceder y sacar resoluciones contrarias a derechos. Es lo mismo que podemos criticar que la Legislatura no difunda los nombres de los contratados, podemos criticar y decir que también pasa que el sistema judicial es complejo, es oscuro para el que no lo conoce, incluso a los periodistas les cuesta muchas veces entenderlo, y eso favorece que pudieran pasar estas cosas”, reconoció.
