La procuradora anticorrupción destituida, Cecilia Goyeneche, aseguró que hay numerosa jurisprudencia en la Corte Suprema de Justicia de la Nación que avalarán la anulación de su condena en el jury y cree que podrá volver a su cargo. En la entrevista con el programa Puro Cuento de Radio Plaza, habló de todo: desde la causa de los contratos truchos legislativos hasta la manipulación en la designación de jueces con el nuevo Consejo de la Magistratura de la provincia.

Algunas frases destacadas de la entrevista:

Sobre su situación tras destitución:

• "Yo estoy discutiendo obviamente la legitimidad de ese desplazamiento que ya se hizo efectivo. Está todavía no firme porque está un recurso en la Corte, la verdad que tengo muchísima expectativa de que haga lugar y deje sin efecto la destitución, porque esencialmente la Corte tiene una jurisprudencia bastante clara frente a las destituciones de jueces o fiscales, intervienen solo en algunos casos muy muy particulares. Y es cuando hay una grosera violación a las reglas procesales o hay una grosera violación al debido proceso o a normas provinciales o nacionales".

La relación del jury en su contra con la causa de los contratos truchos:

• "Todo empezó en realidad con la causa de los contratos truchos. Esta causa empezó a fines de septiembre del 2018 y para noviembre y para diciembre ya estaba denunciado con juicio político el procurador. Ya habían denunciado a los fiscales en procesos administrativos y un diputado me había denunciado a mí administrativamente. Todas estas cuestiones que luego fueron quedando sin efecto, pero que mostraban una reacción que es la misma reacción que después terminó con la destitución, la reacción del de un grupo del sistema político. No quiero tocar a todos porque evidentemente sería injusto, pero fue una reacción política frente a una causa judicial que de buena o de mala fe, nunca entendieron que se trata de una causa judicial y entendieron que se trataba de una causa con tintes políticos".

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• "Fue un robo a mansalva con contratos en la Legislatura, por parte de un grupo organizado que se dedicó durante casi 11 años. Este es el tiempo en que este en que se determinó se dedicó a simular el grupo que está imputado, la contratación de gente para robar la plata en Entre Ríos. Lamentablemente la legislatura provincial ha sido el lugar donde se enfocaron para sacar el botín. Ya tenemos a un vicegobernador condenado que es Alanís. Años después volvió a estallar el asunto con otro robo a mansalva. Hicieron simulaciones a través de contratos a partir de más o menos el año 2007".

• "Es una forma de garantizar impunidad, la forma que ellos encuentran de garantizarse la impunidad a futuro. Se combina también luego con la condena Urribarri, que cuando empieza el mega juicio, en septiembre del 2021, había muchísimas presiones. Tuvimos que litigar con mucho énfasis para que para que empiece ese juicio, nos anunciaron como que éramos unos estúpidos nosotros que pretendíamos que empieces a causa. Esa cosa empieza en septiembre y a mí el 30 de noviembre me disponen la suspensión. Me sacan de esa causa, entonces creo que también en el mismo 2021 habíamos mandado a juicio la causa de contratos, se combinaron varias cosas. Con mi suspensión tenía este doble efecto, de entorpecer la causa que teníamos en juicio por un lado y, a la vez, dar un mensaje muy fuerte también al sistema político de que la causa contratos no va a llegar a juicio, que es lo que están tratando de hacer, que no llegue nunca a juicio a través de este estancamiento".

Sobre la impunidad que, según sostiene, garantizan los vocales del STJ Daniel Carubia y Claudia Mizawak:

• "Es un defecto de los tribunales superiores y de las personas que están mucho tiempo en tribunales superiores, que piensan que están por arriba de la Ley y esto es algo que yo, como fiscal o como persona, no estoy dispuesto a tolerar. Esta idea de sumisión para que pasen a mi favor, a mí no me parece que sea correcto. Entonces cuando los denuncié. Era bastante evidente cuáles eran las intenciones con la que lo hacían. Ya habíamos visto cómo habían actuado, ya habíamos visto las presiones que ejercieron dentro de tribunales, entonces no tuve ninguna duda de que tenía que denunciar la ilegalidad que estaban cometiendo dos de esos tres jueces, Claudia Mizawak y Daniel Carubia".

• "Ya habíamos visto también como actúa Carubia respecto a Urribarri, cuando con una insólita decisión, el 24 de diciembre de 2018, liberó al cuñado de Urribarri a las 21. Si nosotros nos ponemos a investigar o analizar particularmente la intervención de Carubia en relación con las causas de corrupción, vamos a ver que él tiene un sesgo permanente, que es buscar la impunidad. Todos sus fallos en corrupción son fallos que tienden a la impunidad, a buscar la vuelta para anular condenas para disponer absoluciones muchas veces de manera absolutamente injustificada e insólita. Es una forma de actuación bajo una un camuflaje, podríamos decir, que es el camuflaje de las garantías del ciudadano. Las usa como una suerte de eclipse para conseguir esto".

• "Todo el discurso de las garantías está hecho justamente para proteger al que es débil frente al Estado. En realidad, no se usan generalmente para eso, sino que se lo utiliza en realidad para beneficiar a aquellos que no necesitan esta la protección, que muchas veces son organizaciones delictivas como la que estamos investigando la causa contratos, una organización delictiva que tiene más poder que el que la investigación penal".

Sobre el Consejo de la Magistratura:

• "Yo creo que en la Justicia se marcó una diferencia fundamental entre lo que es el Poder Judicial concursado y el Poder Judicial puesto a dedo. Esa es la diferencia que nosotros la vemos muy clara. Es la diferencia entre el Superior Tribunal de Justicia y el resto de la judicatura. La diferencia está dada en que el concursado tuvo que pasar por un sistema que era bueno, era un sistema con sus defectos, como todo sistema perfectible, pero era un sistema que había funcionado bien, sin políticos adentro del Consejo de la Magistratura de la provincia, y eso fue lo último en este proceso de búsqueda de impunidad por una de las de las intervenciones que decidió el Gobierno el año pasado, intervenir a través de dictar una Ley donde se modificó todo el sistema de concurso, privándolo de las mejores condiciones que tenía modificando la integración".