Luego de una denuncia e investigación en la Fiscalía Federal de Victoria, la Policía Federal llevó adelante un allanamiento este jueves a una distribuidora ubicada sobre la ruta provincial 11, por la sospecha de adulteración de agroquímicos que comercializa esa empresa.
El procedimiento, que fue solicitado por la fiscal Rosana Luggren y autorizado por el juez federal Federico Martin, comenzó a las 8.30 y se extendió durante toda la jornada en la firma Agro Sur S.A., ubicada en Rincón de Nogoyá. Culminó con el secuestro de los productos de la marca Syngenta, así como documentación de interés para la causa.
Los delitos que se investigan son infracción a la Ley de Marcas y así como los de índole ambiental, debido a que se habría puesto en peligro la salud, particularmente la Ley de Residuos Peligrosos, según cómo habría sido la adulteración de agroquímicos.
El allanamiento estuvo a cargo de la División Anti Fraude de la Policía Federal, y también participó personal del Departamento de Delitos Ambientales de esta fuerza.
La investigación comenzó el año pasado, a partir de una denuncia radicada por la misma empresa Syngenta que detectó adulteración en sus productos que eran comercializados por la distribuidora mencionada, en los controles de calidad que realizan para saber si se están cumpliendo los protocoles internacionales y prevenir que la multinacional quede expuesta a eventuales demandas.
Se secuestraron 390 cajas y 1.530 bidones de agroquímicos Syngenta (Acuron uno y Miravis triple). El material será analizado para conocer si fue adulterado o no. Es decir, si se confirma o no la sospecha de adulteración de agroquímicos que estiraban con otros elementos.
La Fiscalía de Victoria investiga si la empresa Agro Sur cuenta con la autorización para la comercialización de agroquímicos. La firma vende también productos de ferretería, repuestos, forrajes y veterinarios, entre otros.
No es el único procedimiento de este tipo que se ha realizado en el país por las sospechas de Syngenta, sino que ha habido allanamientos en otras localidades como San Nicolás, donde se presume que otras empresas realizarían la adulteración de sus productos.
