Juan Alberto Espíndola es el hombre señalado como jefe de una banda que se dedicaba a distribuir y vender drogas desde Paraná hacia ciudades como San Benito, Santa Elena y La Paz, entre otras. Este hombre de 33 años fue procesado por el comercio de cocaína y marihuana, junto a otras cuatro personas. Sus defensas presentaron recursos de apelación que fueron rechazados, por lo que fue confirmado el procesamiento y quedaron más cerca del juicio.

La causa comenzó como un desprendimiento de otro expediente por un secuestro de 50 kilos de marihuana. Como resultado de las escuchas de aquella investigación se individualizó a Pablo A. como supuesto proveedor, quien tendría vínculos con J. A., en el marco de la instrucción delegada al Ministerio Público Fiscal.

Luego la investigación se centró en una posible organización delictiva liderada por Juan Espíndola, quien recibiría colaboración directa de Juan Araujo, así como de otras personas que se dedicaban al resguardo, almacenamiento y venta de drogas en mencionadas ciudades entrerrianas.

La Dirección Toxicología de la Policía de Entre Ríos llevó adelante escuchas telefónicas, vigilancias y allanamientos en los domicilios de los investigados, así como un local comercial ubicado en pleno centro de Paraná donde secuestraron droga, elementos de corte, agendas personales, celulares, anotaciones, balanzas, armas de fuego, computadoras, entre otras cosas.

Luego fueron imputados y procesados, con prisión preventiva, por tener lo siguientes roles en la banda:

Juan Alberto Espíndola: organizador.

Mariana Pamela Martínez: colaboradora, y vendedora.

Alejandra Noemí Galván: vendedora y almacenadora.

Aldana Leiva: almacenadora y/o resguardadora.

Emiliano José Piriz: colaborador y revendedor (en Santa Elena).

Críticas

Entre los argumentos planteados por las defensas, se destaca el de la defensora pública oficial Noelia Quiroga, en representación de Alejandra Galván: “Debe tenerse presente el grave grado de vulnerabilidad que presenta -mujer, madre soltera de cuatro hijos, única a cargo de la manutención de los mismos, no ha finalizado sus estudios secundarios y cuenta con trabajos precarios-“. Sostuvo que la prisión preventiva es excesiva ya que “no posee los medios para amedrentar o para sustraerse de la administración de justicia, abandonar el país o mantenerse oculta”.

Citó el informe realizado por la Licenciada en Trabajo Social que integra el Programa de Atención a las Problemáticas Sociales y Relaciones con la Comunidad de la Defensoría General de la Nación, donde se destacó la situación de Galván como víctima de violencia de género por parte de su expareja, que no recibe ayuda económica de los progenitores de sus hijos, que padece de problemas de salud y en 2022 sufrió cáncer de útero.

Por su parte, los abogados Roberlo Alsina y Rubén Pagliotto, por Martínez y Espíndola, hablaron de “falta de logicidad” en las conclusiones del juez y que la investigación “adolece de diferentes vicios”, ya que “ninguna de las afirmaciones cuenta con prueba alguna”.

Alegaron que las conclusiones a las que arriban los investigadores sobre la supuesta banda “son subjetivas y muchas veces no tiene en cuenta la realidad, por lo que no pueden considerárselas con un ‘peso incontrastable’”, y cuestionaron que “no hay un registro fílmico o fotográfico vinculante”.

También afirmaron que “hubo irregularidad en el proceder de los funcionarios policiales al haber faltado a la verdad, al consignar que en el acta de allanamiento los tres gramos de marihuana fueron habidos en la vivienda de sus defendidos cuando en realidad se secuestró a una de las personas que se encontraban en la vivienda de al lado, la que se comunica con la de sus asistidos por una puerta en común”.

Por su parte, el abogado defensor de Piriz, Cristhian Panceri, argumentó que al momento del allanamiento le encontraron 272 gramos de marihuana, que era para su consumo personal. Mencionó que esto no es un parámetro para determinar la venta de la droga y menos aún formar parte de una organización que se dedique a esta actividad.

Respuestas

El fiscal general, Ricardo Álvarez, analizó las evidencias del expediente, contrastó las críticas realizadas por las defensas con las pruebas que reunión la investigación, y pidió rechazar los planteos de las apelaciones.

Por ejemplo, sostuvo que, respecto a Espíndola, sostuvo que la investigación permitió ubicarlo “en la cúspide de la organización criminal que se dedicaba al comercio de estupefacientes al menudeo en varias localidades entrerrianas”. “Registró numerosas conversaciones con Juan Araujo (otro de los colaboradores), en las que se aprecia que es quien diagramaba las actividades ilícitas -principalmente vinculadas a viajes, movimiento de dinero y cuentas pendientes-“.

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Complicados en las escuchas

Los integrantes de la Cámara de Apelaciones de Paraná, Cintia Graciela Gómez y Mateo Busaniche, coincidieron con el fiscal. “El fallo analiza adecuadamente los elementos que permiten tenerlo (a Juan Alberto Espíndola) como organizador del comercio de estupefacientes que se le endilga, controlando y coordinando acciones de almacenamiento, requiriendo entregas de dinero o pagos, concertando encuentros, recibiendo encargues de tóxico, realizando viajes al exterior con fines de aprovisionamiento, ello se deriva de las conversaciones analizadas detalladamente”, afirmaron en la resolución del mes pasado.

En este sentido, citaron numerosas desgrabaciones de escuchas telefónicas alusivas a la venta de drogas, por ejemplo una entre Espíndola y Leiva:

—Ahí va el chico.

—Ya está, ya está.

—Bueno dale Negra.

—Escuchá, ya está. Ya hice lo que vos me dijiste. Lo que pasa que era más... la ropa esta era más livianita, no venía tan cargada como las anteriores.

—Bueno dale, no hay drama.

Los jueces también analizaron las medidas cautelares impuestas y, por coincidir en los riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación, confirmaron las prisiones preventivas impuestas a los acusados de integrar la banda narco.

Ahora se espera conocer si habrá más medidas de investigación o si la Fiscalía solicitará la remisión de la causa a juicio, al Tribunal Oral Federal de Paraná.