En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza), Virué admitió la causa por sobreprecios en la obra pública en la localidad de Larroque que “tuvo un costo importante, no tanto para uno que ha intervenido en la actividad política y que sabe que esto es parte del costo de participar en la actividad política, pero sí para una testigo muy importante que hubo en esto, que sufrió secuelas de orden personal porque había sido empleada de la Municipalidad y no tuvo más remedio que –al volver la gestión justicialista a Larroque en 2019- presentar su renuncia precisamente por el nivel de tensión a la que estaba sometida”.
Virué recordó que se trata de Maricel Pagano, que fue quien, en ese momento, declaró que la oferta más baja en aquel concurso de precios había sido de Szczech y que se modificó la cotización para adjudicársela a OIC SA, porque así se había acordado.
“Larroque en el año 2015 tuvo dos licitaciones públicas en todo el año, una por 300.000 pesos y otra por 800.000 pesos, una para luminaria y otra en materia de construcción. Y esta obra, por 21 millones de pesos, se hizo por concurso de precios y se convocó a tres empresas, aunque presentaron ofertas solamente Szczech y OIC SA. Entonces, el costo para uno es una cosa, pero realmente reivindico a esta ciudadana de Larroque que tuvo la entereza de declarar lo que había visto y que sufrió las tensiones del caso una vez que regresó el justicialismo a la gestión comunal en el 2019”, apuntó.
Por otro lado, resaltó que “lo central es el reconocimiento de la culpabilidad por parte de (el exintendente) Raúl Riganti, de (el exsecretario de Gobierno) Eduardo Hassell, de Norberto Marchesini (exsecretario de Hacienda), que tuvo un rol central en todo este tema y que tiene una pena menor, igual que Hassel”.
No obstante, lamentó, “en el marco del acuerdo quedó en un pie de igualdad Juan Carlos Rochelle que, si alguna responsabilidad tuvo, fue la omisión de cuidados en su rol de secretario de Obras Públicas, y que es una persona a la cual conozco toda la vida y de cuya honestidad no tengo la menor duda. Pero bueno, se hizo justicia de esta forma y los que reconocieron su responsabilidad, su culpabilidad penal en todo esto, tienen la oportunidad de reivindicarse en lo sucesivo, en el caso de que lleguen a la función pública, cumpliendo acabadamente con las funciones para las cuales pueden ser electos y no incurriendo nuevamente en este tipo de acciones que son las que desprestigian a la política en todas sus dimensiones”.
El letrado recordó también los casos similares al de Larroque denunciados en Basavilbaso, Santa Elena, Seguí y que, dijo, son parte de “un mismo sistema”.
En el caso de la localidad del departamento Gualeguaychú, valoró, “fue la primera ciudad donde se hizo una auditoría desde el punto de vista contable y jurídico y el tema era demasiado nítido. Surgía de la documental y no se requería mayor investigación para advertir todo este tipo de situaciones. Primero, porque se había violado una ordenanza y se había hecho un concurso de precios cuando el monto de la obra excedía, creo que 25 veces el monto máximo para un concurso de precios, y además antes de que presenten el seguro de caución para el anticipo de obra, percibieron el 25% del total de la obra. Y lo más curioso, y que no admitía ningún tipo de discusión desde el punto de vista jurídico, era que el seguro de mantenimiento de oferta que se requiere para presentarse a un concurso de precios o una licitación, estaba contratado 20 días antes, o bastante más, de que se convoque al concurso de precios, y por el importe exacto de la cotización. O sea, que OIC SA había contratado al Instituto del Seguro para mantener su oferta antes de que se convoque al concurso. Era una situación demasiado grosera desde el punto de vista documental”.
“Siempre tuvimos, en general, la expectativa de que se iba a hacer justicia en este caso”, aseguró.
El rol empresario
En cuanto al rol de las empresas en la trama de estas prácticas de corrupción, Virué señaló que “evidentemente había un concilio entre las empresas constructoras de la provincia para acceder a la obra pública y es un tema que, a la luz de todas estas cuestiones, no admite discusión”.
“Los empresarios, como no revestían la calidad de funcionarios públicos en todos estos casos, accedieron a una suspensión del juicio a prueba para no someterse al juicio oral y público. Yo aspiro, y en esto tengo confianza en el actual gobernador de la provincia, en que esta suerte de concilio, de club de la construcción, como se denomina, termine de una vez y que, en definitiva, la obra pública se cotice al valor que realmente tiene y no con un sobreprecio precisamente para distraer fondos en situaciones non sanctas”.
Asimismo, Virué expresó su deseo de que “también los empresarios asuman su responsabilidad en todo esto y que en lo sucesivo no volvamos a tener cuestiones como ésta, donde se repartieron las obras a través de los concursos de precios. Y esta situación que denunció en el expediente criminal Maricel Pagano quien dijo que se cambió en 48 horas el monto para poder adjudicarle a OIC SA en lugar de adjudicarle a Szczech, porque evidentemente había habido una desconexión y había quedado un poco por debajo la cotización, lo cual evidencia que había un concilio entre las empresas. Entonces, espero que esto sirva también para reflexión de todos los intervinientes en la contratación pública porque, en definitiva, es dinero público que debería ir en beneficio de la comunidad y que termina yendo a manos que no les corresponden”, evaluó.
