El gobierno de Entre Ríos busca declarar la emergencia económica y financiera en materia de obra pública y también la emergencia vial, debido a la abultada deuda que heredó de la gestión anterior con las empresas constructoras. Así lo anunció el ministro de Infraestructura, Darío Schneider, en diálogo con el programa Amanece que no es poco (Radio Plaza), donde explicó que la deuda "supera los $22.000 millones" y que ha generado una situación muy compleja para la provincia.
Schneider dijo que desde diciembre están trabajando para solucionar el problema y retomar la obra pública, que se encuentra paralizada por la falta de recursos y el desfinanciamiento. Para ello, solicitó a la legislatura la aprobación de una ley que le permita renegociar los contratos y evitar los litigios con las empresas. El proyecto está en tratamiento en el Senado.
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El ministro aclaró que la deuda no se originó durante el actual gobierno, sino que se viene arrastrando desde el año pasado, cuando se produjeron retrasos en los pagos por parte de la administración anterior. "Esto ha generado una bola de nieve de deuda que ha obligado de alguna manera a generar todo un plan de contingencia", afirmó Schneider.
Y ahondó: "Es una situación muy compleja por la falta de recursos y la cuestión financiera por la que están atravesando todas las provincias, por el desfinanciamiento que hoy tenemos. Y esto motiva también generar esta ley que es una herramienta que nos va a permitir tener mejores condiciones de renegociación de contratos y estar en una situación mejor para poder solucionar y reencauzar la situación en la que estamos".
En esa línea, el ministro agregó: "Esto (la deuda) se viene generando ya desde el año pasado, en algunos casos desde junio y julio. Los casos (judicialización) más fuerte vienen de septiembre, octubre y noviembre y este retraso en el pago de la obra pública ha generado esta bola de nieve de deuda que ha obligado de alguna manera a generar todo un proceso de neutralización de obra y hoy estamos en el proceso de reiniciar con acuerdos de pago que estamos teniendo con las empresas. También muchas de ellas acuden a la justicia para cobrar las deudas y esto también genera un problema muy grande en la provincia, porque embargan nuestras cuentas, toman los pocos recursos que están llegando de coparticipación de manera que complica mucho más la situación".
"La idea también es poder generar con esta herramienta una mejor condición en este sentido. La idea es que esto se pueda suspender durante 180 días para poder reordenar todo. Estamos en una situación de mucha debilidad en ese aspecto. Esta esta ley es una herramienta más para poder generar mejores condiciones de negociación, y tenemos que saber también que hay contratos que se han firmado tal vez hace dos años y hoy la ecuación económica ya no cierra para esa ejecución de obra con esos contratos", explicó.
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