El procedimiento fue en el marco de una investigación del Grupo Operativo de Investigaciones y Procedimientos (GOIP) del Escuadrón 4 “Concordia”, bajo las directivas del Juzgado Federal de Concordia a cargo de la Dra. Analía Ramponi y del secretario Juzgado Federal, Alan Bergdolt.

Las fuerzas federales “investigan una red por defraudación millonaria al estado dedicada a la tramitación de pensiones ilegales no contributivas por invalidez”, publicó Concordia Policiales.

Según consta en la investigación, la Asociación ilícita desarticulada “ofrecía conseguir pensiones no contributivas del Estado Nacional creando enfermedades a cambio de sumas que rondaban los $60.000,00 pesos por cliente, generando considerables ganancias para los involucrados e incalculables perdidas en los fondos del estado”.

Una gran cantidad de personas, varios de ellos profesionales médicos fueron allanados en el marco de una investigación que duró más de un año y que fue efectuada y coordinada por el Juzgado Federal de Concordia, a cargo de la Dra. Analía Ramponi, junto a la Gendarmería Nacional Argentina (Escuadrón 4 “Concordia” y la UNIPROJUD “Concepción del Uruguay”).

La investigación, que incluyó seguimientos, filmaciones y escuchas telefónicas, además del análisis de múltiples informes, desarticuló a una amplia y compleja red de estafadores que tramitaban pensiones por invalidez y fraguaban información de los futuros beneficiarios.

La maniobra habría generado una defraudación al Estado que ya se estima millonaria, pero cuya magnitud logrará determinarse con el avance de la causa y el análisis de la nueva información recolectada a partir de los allanamientos y los pedidos de informes realizados por la Jueza Federal.

Con respecto los médicos que habrían intervenido en el proceso se constató, a partir del análisis de las intervenciones telefónicas dispuestas y las tareas de investigación llevadas a cabo por la GNA, la posible participación de cuatro reconocidos galenos de la ciudad de Concordia, cuyas identidades no fueron reveladas por los investigadores y sin que se descarte la intervención de otros aún no individualizados.

A partir de las medidas se secuestró documentación vinculada con el otorgamiento de pensiones, anotaciones de interés, sellos de profesionales médicos, celulares, pen drives, notebooks, impresoras, armas de fuego, marihuana y cocaína –otorgándole intervención a la justicia provincial por los hechos relativos a su competencia- entre otros elementos de interés.

La magistrada del Juzgado Federal de Concordia ordenó este martes la prohibición para salir del país de siete personas, además de la ejecución de más de 20 registros domiciliarios simultáneos, incluyendo viviendas particulares, oficinas y consultorios como así también órdenes de presentación con allanamiento en las oficinas de ANSES y PROMAR, delegando el accionar en la GNA, fuerza investigadora de la causa.

Las personas detenidas, que por el momento son cuatro, comenzarán a ser indagados en los próximos días en el marco de la extensa pesquisa en la que se investiga una compleja asociación destinada a cometer delitos indeterminados, en perjuicio de las arcas de la administración pública nacional.