Tras conocerse el informe final de la autopsia en el caso de Ariel Goyeneche, el joven fallecido en la vía pública en el marco de un operativo policial, el Ministerio de Seguridad y Justicia informó el pase a disponibilidad de los efectivos que actuaron en el caso. El fiscal Santiago Alfieri confirmó a PlazaWeb que un informe pericial del médico forense del Poder Judicial determinó que el hombre murió por "una compresión externa" en la zona del tórax y el abdomen.
Goyeneche falleció el 12 de febrero de este año en Paraná en el marco de una detención policial frente a la Comisaría Segunda. Cabe recordar que Goyeneche atravesaba entonces un estado de alteración por el consumo problemático y la respuesta policial fue la detención, con el uso de la fuerza que fue registrada por vecinos de la zona. La familia de Ariel viene denunciando que no se cumplió con el protocolo de intervención para casos de crisis de salud mental.
Desde el Ministerio de Seguridad, a cargo de Néstor Roncaglia, se informó que "la medida administrativa (de pase a disponibilidad de los dos policías acusados por la Fiscalía y la querella) se adopta en el marco de un sumario administrativo que confecciona Asuntos Internos de la Policía de Entre Ríos para evaluar la actuación de los funcionarios y facilitar la actuación de la justicia, atento a lo dictaminado en la necropsia".
A su vez, al valorar las actuaciones en torno al caso del ministro "remarcó la importancia del accionar de la Justicia y celebra que se haya elaborado un protocolo de actuación ante casos de crisis de Salud Mental en la vía pública, el cual, antes de éste hecho, no existía".
"Siempre sostuvimos que en éste caso delicado se debía llevar a cabo una investigación transparente, imparcial y rigurosa, que así entendemos, está llevando a cabo el Fiscal interventor y en la cual, los funcionarios policiales siempre estuvieron a derecho, ahora, puestos en disponibilidad, en el contexto de la conclusión de la autopsia de la persona fallecida", subrayó Roncaglia.
Y al final del comunicado, se concluye: "En Entre Ríos no existía un protocolo de actuación ante casos de Salud Mental y Consumos Problemáticos. Este gobierno se dio el espacio a la discusión con diferentes organismos para poder consolidar un protocolo que nos permita capacitar, formar e intervenir de manera eficiente ante estos hechos".