En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza), Cañete explicó que la ronda de consultas “tiene que ver con un análisis de la situación” y agregó: “En una de las últimas reuniones que tuve con los prestadores me enteré que tuvieron la oportunidad de hablar con el gobernador y que uno de los planteos fue que los aranceles de IOSPER son bajos, cosa que no creo".
""Independientemente de eso -opinó- creo que estar delante de la persona que tiene la responsabilidad de regir el destino de todos los entrerrianos y plantearle por el tema de salud que los aranceles son bajos, es no aprovechar el momento. Por eso los convoqué y le dije que lo que deben plantear, y necesitamos, es la sustentabilidad del sistema, lo cual significa poder definir qué tipo de salud vamos a tener los entrerrianos y evitar los lobbies empresariales”.
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Cañete sostuvo que el accionar de esos lobbies implica “que lleguen a la provincia para que se prescriban medicamentos de alto costo, que son de uso compasivo y no tienen efectividad, o que se prescriban últimas tecnologías que tampoco tienen efectividad, pero que ante la prescripción de un profesional, hay que responder”.
En ese marco, mencionó que “hoy la actualidad implica que los sanatorios están pidiendo aumento arancelario, cosa que no va a poder ser porque no hay plata, solamente le estamos ofreciendo un 10% a partir de julio, que ya está definido. Por ejemplo el sanatorio de Concordia pidió el 50% a pesar de que la obra social recibió el 40% y la inversión que hizo la obra social con los prestadores en los primeros seis meses del año es del 80%, porque queremos acompañar con el pronto pago y desde el punto de vista financiero a todos los prestadores”.
“Pero no tenemos más y lo que tenemos que hacer es buscar el ingenio, trabajar de manera conjunta, defender esta posición de que somos socios estratégicos donde necesitamos a los prestadores y ellos necesitan a la obra social, y de ahí en más elaborar un proyecto de manera conjunta. En ese marco les dijimos que tenemos una propuesta que es perfectible, que se puede mejorar, que se puede desechar por otra, pero ponemos sobre la mesa el tema para debatirlo. Esa propuesta incluye el tema de la agencia de evaluación de tecnología, el seguro para atender enfermedades catastróficas y medicamentos de alto costo y definición entre todos los actores de un PMO (Programa Médico Obligatorio) entrerriano –que puede tener cualquier otro nombre- que signifique definir el nivel de atención que van a tener los entrerrianos en función de la necesidad de su patología, no en función de la prescripción de los lobbies empresariales”, explicitó.
En cuanto a la respuesta de los prestadores, Cañete señaló que “en principio, todos han acompañado la propuesta, todos están de acuerdo, les dimos dos proyectos de ley que queremos debatir, que se pueden modificar pero la intención es comenzar a tratar el tema y ver la posibilidad de que se pueda avanzar todos juntos y planteárselo al gobernador”.
Agregó que “hay actores como la Federación Médica que por dentro tiene un subsistema de salud que también brinda prestaciones y están en la misma situación que IOSPER muchas veces” y como ejemplo mencionó: “A veces hay que aceptar la prescripción de una válvula TAVI que es una válvula percutánea coronaria que se ofrece a un valor de 78 millones de pesos y después terminar comprándola a 26 millones, sabiendo que no tiene efectividad porque nos han solicitado siete en este tiempo y solamente fueron efectivas dos, cinco afiliados lamentablemente fallecieron. Esto significa analizar costo-beneficio, para nosotros es muy costoso y para el afiliado no tiene ningún beneficio”.
Destacó en este contexto el menor margen de maniobra y afirmó que “esto se ve porque tenemos 20.000 afiliados que hoy están recibiendo la inversión del 65% de la torta, y quedan 280.000 afiliados que solamente pueden recibir el 35% de los recursos de la obra social. Y si no hacemos algo, estamos complicados; pero además quienes son empresarios de la salud y viven del sistema de salud son los prestadores, nosotros somos meros administradores de la obra social o el financiador más importante. Nosotros el día de mañana no estamos, pero ellos seguirán estando y la población entrerriana necesita que ellos se fortalezcan para seguir garantizando el servicio de salud”.
Respecto del déficit, apuntó que “tanto el gobernador como el ministro Troncoso están preocupados, abiertos a cualquier tipo de innovación y eso es importante” y remarcó que “uno de los proyectos refleja el tiempo que venimos planteando el tema, cuando hablábamos de la creación del seguro para enfermedades catastróficas y medicamentos de alto costo, en ese momento planteábamos la posibilidad de subsistir con lo que era la ley 4035. Hoy puede haber otros factores de financiamiento para el sistema, pero hay que sentarse y buscar la voluntad política del gobernador, que creo que la puede tener”.
En otro orden de temas, consultado por la aplicación de la nueva ley de honorarios para abogados, comentó que “ayer se dio el primer caso de 20 juristas por casi 900.000 pesos” y advirtió que “si se toma la referencia del calor que se venía usando que eran 50 juristas, a grosso modo calculamos que son 3.500.000 de pesos al año. Y hay que tener en cuenta que tenemos 140 amparos por mes, con situaciones que son ridículas como un amparo por cobertura del 100% para una crema humectante o una persona que es discapacitada motriz que presenta un amparo porque quiere cobertura del 100% en un audífono cuando no tiene relación con su discapacidad, o el lunes entró un amparo por un medicamento que cuesta 19.000 euros”.
