Se realizaron allanamientos a distintas propiedades de los hermanos Claudio y Marcelo Javier Tórtul en Paraná por orden del Juzgado Federal de San Isidro. Los empresarios están sospechados de emitir facturas apócrifas y de los delitos de evasión y lavado de dinero. También Gendarmería requisa la sede de Enersa en busca de documentación, informó el sitio Análisis Digital.
Los allanamientos se realizaron en el barrio privado Puerto Urquiza, en la zona de Bajada Grande, donde los empresarios Tórtul son propietarios de varias casas. Los uniformados obviaron requisar la vivienda que alquila el gobernador de la provincia, Rogelio Frigerio, propiedad de los hermanos Tórtul. El mandatario reside allí desde principios de enero.
Pasadas las 13, Gendarmería desembarcó en el centro de la capital provincial en busca de documentación en la sede de Enersa. Los registros requeridos están relacionados a un contrato suscripto entre la compañía y los empresarios para el servicio de seguridad.
Los Tórtul se encargan de la seguridad de Enersa desde el último gobierno de Jorge Busti. En 2022 percibían por esa tarea unos 25 millones de pesos mensuales. De estrecha vinculación con su sucesor, Sergio Urribarri, lograron la continuidad en sus dos gestiones. Y luego fueron ratificados en el gobierno de Gustavo Bordet, mediante un contrato con irregularidades que fueron reveladas por Análisis en junio de 2022.
Desde su apertura, los Tortul se ocupan también de la seguridad del Centro Provincial de Convenciones de Paraná. Mientras eran allanadas sus propiedades esta mañana, estaban a cargo de la seguridad del encuentro de gobernadores de la Región Centro que Frigerio encabezó en el predio.
Los allanamientos fueron ordenados por la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado y en la orden a la que accedió Análisis se indicó que se llevarían a cabo a partir de las 5 de la mañana sobre propiedades vinculadas a los hermanos Tórtul y otros domicilios en busca de documentación de interés para la causa.
En el marco de los procedimientos se ordenó a la Policía de Entre Ríos, específicamente al área encargada de las empresas de seguridad privada, la entrega inmediata de toda documentación vinculada con la habilitación de las empresas Segar Seguridad SA y Tornell SA para operar en el ámbito provincial.
El operativo fue puesto en conocimiento de los funcionarios en turno en el Juzgado Federal de Paraná.
