Reclaman que los presos con condena firme puedan votar

La abogada Lucía Gallagher, de la Asociación Pensamiento Penal, sostiene que debe derogarse el artículo que le restringe el derecho a votar a las personas privadas de su libertad con condena firme.

En la provincia de Entre Ríos hay 1.316 personas procesadas que están habilitadas para votar en las PASO del domingo 13 de agosto y en las generales del 22 de octubre. Sin embargo, otra mitad no puede ejercer al derecho al voto. Se trata de las personas que están privadas de su libertad por una condena firme.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza), Lucía Gallagher, responsable de Políticas Penitenciarias de la Asociación Pensamiento Penal, sostuvo que se debería permitir que quienes tengan condena firme puedan ejercer el derecho al voto.

Cabe recordar que el artículo 12 del Código Penal establece que “la reclusión y la prisión por más de tres años llevan como inherente la inhabilitación absoluta, por el tiempo de la condena” y al inciso dos del artículo 19 establece como inhabilitación absoluta “la privación del derecho electoral”. En esa línea, el inciso tres del artículo tres del Código Electoral excluye del padrón a “los condenados por delitos dolosos a pena privativa de la libertad, y, por sentencia ejecutoriada, por el término de la condena”.

"Desde la Asociación de Pensamiento Penal opinamos que la prohibición es inconstitucional, básicamente porque el derecho al voto es constitucional. No es razonable desde ningún punto restringir participar de la vida política del país a personas que están condenadas. Excluirlas atenta contra el principio de resocialización y es discriminatorio", sostuvo Gallagher.

Y agregó: "Nosotros consideramos que la prohibición tiene que derogarse, como se hizo con las personas procesadas. En 2006 las personas procesadas tampoco podían ejercer el derecho al voto y, después de un trabajo de organizaciones de derechos humanos, el artículo se derogó. Queda pendiente el artículo que prohíbe el derecho al voto de personas condenadas".

En ese sentido, planteó: "Lo que creemos es que cuando una persona esta privada de su libertad, solo se lo puede privar del derecho a la libertad ambulatoria. Todos los demás derechos que están en la Constitución deben poder ser ejercidos y ele Estado debe garantizar que se ejerzan".

Finalmente, consideró que hay dirigentes políticos que no quieren involucrarse en el tema ya que esto sería " pianta votos". "El argumento central para las personas que no están de acuerdo es que esta posibilidad de participar tiene que ver con uno de los objetivos de la resocialización. También hay que decir que quien está privado de su libertad en algún momento sale. Si esa persona la tengo excluida la vida política, cómo pretendo que cuando salga de la cárcel esa persona esté resocializada", concluyó.

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