Una investigación de casi un año, que empezó en la Justicia provincial por narcomenudeo y continuó en la Justicia Federal al advertirse que se trataba de una organización narco, derivó en múltiples allanamientos y 16 detenidos en junio pasado. Cuatro de ellos terminaron procesados por el Juzgado Federal de Victoria, medida que recientemente fue confirmada por la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná.

Se trata de Gabriel Ángel Martín, José Reinaldo Vázquez, Mario David Godoy y Aurora Soledad Tellechea. El primero es considerado jefe de la banda dedicada al comercio de drogas; los otros dos hombres fueron imputados por comercio agravado, mientras que la mujer por venta al menudeo. Así fueron dictados los procesamientos y las prisiones preventivas de los cuatro, por parte del juez federal de Victoria, Federico Martín.

Según se lee en la resolución judicial a la que accedió PlazaWeb, la causa se originó en julio de 2022 a partir de una información presentada por policías ante la Agente Fiscal N°2, María Delia Ramírez Carponi. En la notificación se indicó que en el barrio Defensa Costera, zona sureste de la cuidad de Gualeguay, en al menos un domicilio, se estaba llevando a cabo la actividad venta de drogas al menudeo.

Con el devenir del estado de sospecha se pudo establecer que las personas investigadas formaban parte de una organización destinada al comercio de marihuana y cocaína, por lo cual el juez de Garantías Esteban Sebastián Elal, a requerimiento del Ministerio Público Fiscal, decretó la incompetencia material para continuar la investigación y remitió las actuaciones de la Investigación Penal Preparatoria al juez Federal de Victoria, para que para que prosiga el trámite.

El juez Martín dispuso diversas tareas de investigación e inteligencia, que incluyeron escuchas telefónicas, en las que se pudo constatar que al menos en el período entre julio de 2022 hasta mediados de este año, cuando se hicieron los allanamientos, los sospechosos “habrían comercializado de manera conjunta y organizada entre sí y con personas cuya identidad e intervención aún no se ha podido establecer, estupefacientes –cocaína y marihuana-, en diversas cantidades, asumiendo y ejerciendo distintas funciones de provisión, organización, distribución, aprovisionamiento, almacenamiento, fraccionamiento, y venta del referido tóxico a distintos consumidores en distintos domicilios en la ciudad de Gualeguay”.

En cuanto a los roles endilgados a cada uno, se detalló que Gabriel Ángel Martin sería el organizador, proveedor, transportista y financiador de la banda; José Reinaldo Vázquez habría actuado como colaborador y transportista, al igual que Mario David Godoy, y el resto de los sospechosos como vendedores.

Luego de los múltiples allanamientos en distintos domicilios de la localidad del sur entrerriano, se incautaron 3,8 kilos de marihuana y 1,1 kilo de cocaína, así como una alta suma de dinero en efectivo.

Apelación

Los abogados defensores presentaron sus recursos de apelación en los cuales cuestionaron, entre otros aspectos, que la causa se habría gestado sin denuncia previa, llamado anónimo, ni declaración de ningún integrante de la Policía que manifieste de qué manera se obtuvo la información que daba cuenta de la venta al menudeo de drogas, por lo que la investigación se habría iniciado sin la debida autorización.

También mencionaron que “no existen constancias de alguna resolución que fundamente, motive o autorice las intervenciones telefónicas”. En cuanto a la mujer detenida, su defensora planteó que “no existen pruebas que permitan tener por acreditada la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”, y que le encontraron solo “6,8 gramos de cocaína en el interior de sus prendas y una cantidad escasa de dinero (6.500 pesos)”.

El fiscal general Carlos Álvarez rechazó los argumentos de las defensas, y al contrario de lo sostenido por los abogados, mencionó que el inicio de la causa fue a partir de una llamada al 911 que denunciaba la situación en el barrio de la zona sur de Gualeguay.

Finalmente, los camaristas Mateo Busaniche, Cintia Gómez y Beatriz Aranguren confirmaron la resolución judicial casi íntegramente, sólo anularon la prisión preventiva de la mujer procesada al considerar que no estaba adecuadamente fundamentada.