El abogado, exintendente de Gualeguaychú y ex legislador provincial, Luis Leissa, se explayó acerca del avance de la obra del barrio náutico privado Amarras sobre un humedal en Pueblo Belgrano, pese a un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ordena detener la obra y reparar el daño ambiental. Apuntó al fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes por no respetar la decisión judicial y pretender beneficiar el emprendimiento en base a resoluciones administrativas provinciales, sobre lo que ahora debe resulver el Superior Tribunal de Justicia provincial.

Algunas frases de la entrevista a Leissa en A quien corresponda (Radio Plaza):

• “Nosotros estamos trabajando, acompañando al amparista Julio Majul, fue quien promovió la acción inicial, a partir de la cual la Corte Suprema de Justicia de la Nación dio vuelta a un fallo que había dedicado el Superior Tribunal, y sabiamente ordenó verificar que había un daño ambiental y en consecuencia, de procurar el que a partir de allí el Superior Tribunal se acomodara ese fallo. Hace cuatro años se resolvió que claramente el emprendimiento es ilegal y que había que volver las cosas a su estado anterior. Acá hay que tener en cuenta que una sentencia ambiental lo que se trata es la obligación, cuando se verifica una infracción a las normas ambientales, de recomponer y en esa tarea de reconstrucción aún estamos con preocupación, porque vemos que esto realmente se alarga demasiado. La empresa tiene que decididamente frenar un emprendimiento inmobiliario que no cuenta, primero, con una sentencia a favor, y tampoco cuenta con una aptitud ambiental o un estudio de impacto ambiental previo, y quiere seguir tozudamente.  Lamentablemente hay que decir que cuenta no solo con la complacencia del Municipio de Pueblo Belgrano, sino también con un sostenimiento por parte del fiscal de Estado, de parte de la provincia que, lejos de defender el patrimonio provincial, parece oponerse a lo que el mandato judicial estableció”.

• “Cuando se dictó la sentencia que en definitiva lo que hizo fue restablecer un fallo del juez de primera instancia, dispuso claramente de que acá había que recomponer, volver las cosas a su estado anterior en la medida de lo posible. Llamativamente, ahora aparece la Fiscalía de Estado sosteniendo lo que es una resolución en un expediente administrativo que proviene de la Secretaría de Ambiente. Ahora la Fiscalía de Estado con la Municipalidad de Pueblo Belgrano, con la empresa, que es la responsable del emprendimiento analítico, quieren hacer valer un llamado pomposamente ‘plan de recomposición’, que no es tal y que pretende usarse como un elemento, como para que a través de pequeñas modificaciones que se introducen no se soluciona el problema de fondo. Claro que la Corte estableció que el emprendimiento barrial estaba sobre un humedal, que tiene protección constitucional, que estaba afectando el valle de inundación y que, en consecuencia, lo que había que hacer es recomponer”.

• “Llamativamente, la Fiscalía de Estado pretende hacer valer un expediente que se llama ‘proyecto recomposición’, cuando debería llamarse proyecto de mantenimiento. Dio vuelta de las cosas a su estado anterior. La propia área de Hidráulica, y el área de Biología, determinaron claramente en sus dictámenes que esto no significa de ninguna manera una aptitud ambiental o un permiso ambiental que permita la continuidad de la obra que, dicho sea de paso, vuelvo a repetir, ha sido ilegalizada a partir de lo que es un fallo, y ha sido vetada a partir de lo que es el pronunciamiento de la Corte Suprema. Esto significa contradecir el fallo con conciencia, contradecir la voluntad del amparista Majul, sobre todo, significa violar lo que es el derecho colectivo de muchas personas que quieren proteger el ambiente conforme lo establece la Constitución Nacional y la Constitución de Entre Ríos”.

• “Amarras no solo sigue haciendo un daño enorme, sino que ahora ha desviado un cauce del río y en una operación que es absolutamente ilegal, que viola el Código Civil y Comercial, insiste con el emprendimiento”.

• “Vale la pena decir que la Fiscalía de Estado lo que debe hacer es defender los intereses que el de la provincia de río, el patrimonio del Estado. Parece que el patrimonio ambiental no tiene nada que ver con la tarea de la Fiscalía y pese a eso estamos realmente sorprendidos porque ahora el Superior Tribunal va a tener que resolver. Nosotros hemos pedido que se nos corra traslado de las presentaciones y hemos pedido una audiencia pública para que este tema se resuelva con la mayor amplitud posible y con la con participación ciudadana”.