En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza), Iparraguirre reconoció que recuerda aquellos días “con mucho dolor; la muerte de personas, las privaciones ilegales de libertad, los apremios ilegales y vejámenes sobre todo en los sectores más pobres de nuestro país, de nuestra provincia y nuestra ciudad todavía se recuerdan con mucho dolor; ver a la familia de Romina, de Eloísa, de José Daniel después de haber compartido con ellos esos momentos, causa mucho dolor”.
En ese marco, planteó que “los responsables políticos nunca fueron llevados a juicio, quien era ministro de Gobierno, (Enrique) Carbó que daba las órdenes para la represión hoy está tranquilo en su estudio jurídico sin pagar ningún tipo de consecuencias y la verdad es que las situaciones fueron muy graves en todo el país y en nuestra provincia”.
“Un poco ya estamos acostumbrados a que la justicia entrerriana, frente a determinados casos, no responda como debería. En ese mismo momento, frente a los amparos que se presentaron en la misma noche del 20 de diciembre, podría haber ordenado el cese de la violencia y la hostilidad por parte de las fuerzas policiales, de las fuerzas represivas. Esa misma noche del 20 hablamos con uno de los jueces de instrucción de ese momento y ni siquiera dio orden de frenar la sangrienta represión que existía. Yo estuve en el Barrio Macarrone donde murió una de las niñas y en las comisarías, especialmente la quinta, intentando frenar un poco esta salvajada y nunca se apersonó ni un fiscal o un juez para poner un manto de racionalidad a lo que era una represión absolutamente indiscriminada”, lamentó el letrado.
Agregó que “en Paraná hubo desaparición de personas, porque José Daniel (Rodríguez) estuvo desaparecido y bastante tiempo después su cuerpo apareció tapado con unas gomas en la zona del supermercado Walmart, y luego también hubo un marco de encubrimiento enorme que lamentablemente es lo común frente a hechos delictivos perpetrados por las fuerzas de seguridad”.
Asimismo, reconoció que el 20 de diciembre actual también “preocupa mucho” y contó: “Hace un tiempo firmamos una presentación que hacen 15.000 abogados y abogadas de lesa humanidad, de organizaciones de derechos humanos y organizaciones sindicales para hacer ante la oficina del alto comisionado para los derechos humanos de Naciones Unidas y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, denunciando el protocolo de (Patricia) Bullrich, la resolución 943/2023, para las protestas sociales sabiendo que, en caso de aplicarse, lo único que va a generar son niveles de violencia inusitados”.
“Amén de ser inconstitucional, la gravedad de que no se puedan respetar los derechos de manifestarse, de expresarse, en una situación gravísima en lo económico y en lo social, y que cualquier manifestación se entienda como un delito en flagrancia y por lo tanto habilite a las fuerzas de seguridad para reprimir y detener a quienes estén protestando o manifestándose en las calles, o que se habilite a los funcionarios a recabar información para saber quiénes son los líderes de las organizaciones que se movilicen para después llevar adelante una persecución penal, es gravísimo. Y sobre esto se han expedido no solamente constitucionalistas de todos los signos políticos marcando la inconstitucionalidad de esta resolución, sino también Naciones Unidas, Comisión Interamericana y organismos internacionales de derechos humanos. Hay una situación espantosa que están sufriendo los sectores más pobres de la Argentina, estamos en una sociedad que tiene más del 50% de su población bajo la línea de pobreza, y si no podemos manifestar libremente nuestro desacuerdo con las políticas económicas, y si esto se considera un delito, lamentablemente esto puede terminar en una situación muy calamitosa y espantosa”, evaluó.
Sobre la aplicación de dicha resolución en la provincia, aclaró que “el protocolo es de competencia nacional, por lo tanto, es de aplicación en todo el país para las fuerzas federales, pero más allá de eso, lo preocupante es que marca un sentido político. Cuando uno le libera las manos a las fuerzas de seguridad en materia de represión y ese es el mensaje que se da desde los altos poderes del Estado nacional las consecuencias son muerte, golpes, tortura, vejámenes, privaciones ilegales de libertad”.
“Esperamos que en Entre Ríos se tome otro criterio por parte del gobernador (Rogelio) Frigerio y (el ministro de Seguridad, Néstor) Roncaglia, y como organismo de derechos humanos solicitamos una audiencia con la secretaria de Derechos Humanos, Gracia Jaroslavsky, todavía no nombrada, quien nos contestó que no podía recibirnos porque no estaba confirmado su nombramiento pero se puso a disposición. Es una persona con la que venimos trabajando porque ella como diputada integró el Comité para prevención de la tortura. También tuvimos una reunión con el nuevo coordinador del Registro Único de la Verdad, Alejandro Román, que mostró una muy buena predisposición para mantener las políticas de derechos humanos en la provincia, seguir con los juicios de lesa humanidad y con los casos de violencia institucional”, refirió Iparraguirre.
“Vamos por el camino de conversar con todos quienes estén a cargo de las políticas de derechos humanos y evitar cualquier adhesión a un protocolo similar al de Bullrich que lo único que va a generar son situaciones de mayor violencia y de dolor”, resumió.
Finalmente, reiteró que “estos días se viven con mucha preocupación, incluso hasta en lo personal porque tengo los hijos de mi compañera que militan en La Plata, en las villas, dando alfabetización, y la verdad que la situación es muy preocupante porque en todos lados se nota un incremento de los niveles de violencia y agresión hacia los pibes y pibas que tienen un compromiso social. Y obviamente también es muy preocupante la situación social”.
