La Congregación para la Doctrina de la Fe del Vaticano, decidió expulsar a Justo José Ilarraz por los abusos cometidos contra menores de edad en el Seminario de Paraná. La emblemática causa parece haber tenido una resolución más rápida en la Santa Sede que en la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), donde el expediente está esperando por una decisión desde 2018 después que se lo condenara en Entre Ríos.

Los casos fueron denunciados en 2012 en la revista Análisis, a partir de una investigación periodística que impactó en la sociedad paranaense, en el país y tuvo amplia repercusión internacional. Lo que vino después fue un verdadero vendaval: los sobrevivientes de los abusos que habían ocurrido a finales de la década del ‘80 y principios de los ’90 comenzaron a contar su historia públicamente; dijeron que las autoridades eclesiásticas estuvieron al tanto de lo que les ocurrió, dado que debieron declarar los abusos ante el entonces obispo Estanislao Esteban Karlic; contaron que ese incipiente juicio canónico quedó guardado bajo siete llaves y lejos de tomar una decisión sancionatoria para con Ilarraz, lo protegieron; lo enviaron a Roma para hacer una Licenciatura y, cuando volvió al país, lo destinaron a Monteros, Tucumán.

Las idas y vueltas en los Tribunales locales, porque el Ministerio Público Fiscal decidió abrir una causa penal para investigar lo que ocurrió, fueron larguísimas. Casi todos los magistrados de la provincia, de ese momento, intervinieron en alguna cuestión procesal. Los palaciegos se mostraron divididos, hubo un sector que apostó por condenar los abusos en el Seminario de Paraná y otro sector que se sintió más cómodo protegiendo a la curia local. El argumento fue la prescripción de los delitos.

Los sobrevivientes, con todos los inconvenientes derivados de una historia traumática y pesada, se sobrepusieron a la exposición y continuaron con firmeza. El juicio oral tuvo muchas derivaciones, incluso hasta se juzgó a sacerdotes por ocultar información. Finalmente, en 2018, Ilarraz fue condenado a 25 años de prisión. Desde entonces, cumple una prisión domiciliaria en un departamento de su familia, en el centro paranaense.

El sitio Entre Ríos Ahora, uno de los medios de locales que siguió al detalle lo que ocurrió en el proceso, publicó este jueves la siguiente crónica periodística: “Ilarraz fue condenado en 2018 a 25 años de cárcel por los abusos a menores en el Seminario Arquidiocesano Nuestra Señora del Cenáculo, de Paraná. Está, desde entonces, con arresto domiciliario porque en la Corte Suprema de Justicia de la Nación se tramita un recurso de prescripción de los delitos. En forma paralela, la Iglesia motorizó una sanción canónica.

El Obispado de Concepción, en Tucumán, donde estaba incardinado -el término legal que utiliza la Iglesia para dar cuenta de la relación de dependencia de los sacerdotes- desde que fue expulsado de la Arquidiócesis de Paraná luego de una investigación interna que ordenara el ahora arzobispo emérito Estanislao Estaban Karlic, en 1995, informó este miércoles 11 que el Vaticano ‘ha dispuesto la expulsión del estado clerical’ de Ilarraz.

‘El obispado de la Santísima Concepción de Tucumán comunica que después de realizarse un proceso administrativo penal contra el presbítero Justo José Ilarraz, incardinado en esta diócesis por delitos contra el sexto mandamiento con menores de edad (…), encomendado al Tribunal Interdioccesano Bonaerense, y luego de elevarse el recurso del acusado al dicasterio para la Doctrina de la Fe, este organismo determinó (…) presentar el caso al Santo Padre quien ha dispuesto la expulsión del estado clerical del mencionado sacerdote’.

Ilarraz fue condenado a 25 años de prisión al encontrarlo la Justicia responsable de cinco casos de corrupción de menores agravada y dos casos de abuso deshonesto, hechos que ocurrieron en el Seminario Arquidiocesano Nuestra Señora del Cenáculo durante los años en los que el cura ejerció como prefecto de disciplina, entre 1985 y 1993. Desde entonces, está con arresto domiciliario en un departamento del sexto piso de un edificio ubicado en Corrientes al 300, justo enfrente de la Escuela Secundadria Domingo Faustino Sarmiento, en Paraná.

El fallo de primera instancia, dictado en forma unánime por un tribunal conformado por los jueces Alicia Vivian, Carolina Castagno y Gustavo Pimentel, le impuso la prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario hasta que la condena quede firme. Desde entonces, desde el 21 de mayo de 2018,  Ilarraz pasa sus días en el sexto piso de un edificio de calle Corrientes al 300, en Paraná, ubicado frente a la Escuela Secundaria Domingo Faustino Sarmiento.

El fallo quedará firme cuando haya pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la que acudió el cura con un planteo de prescripción. El 16 de septiembre de 2020 se conoció la decisión de enviar el caso a la Corte, a partir de un recurso extraordinario federal. Fue resuelto por la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), integrada por Bernardo Salduna, Susana Medina y Juan Ramón Smaldone. El voto decisorio estuvo a cargo de Salduna que afirmó que ‘a mi criterio, corresponde conceder el recurso extraordinario federal’, posición a la que se sumó Medina, con la abstención de Smaldone.

Ilarraz abusó de menores que cursaban la escuela secundaria como pupilos en el Seminario de Paraná -después que estalló el escándalo, en 2012, ya no hubo más internado: el Arzobispado alquiló las dependencias del lugar, ubicado en la zona del Brete, sobre Avenida Don Bosco, para el funcionamiento del Colegio Plaza Mayor-, donde el cura ejerció el cargo de prefecto de disciplina entre 1985 y 1993. En 1995, el entones arzobispo Estanislao Karlic abrió una investigación canónica y probó los abusos. Al año siguiente, en 1996, lo condenó al destierro. Pero aquella investigación quedó luego guardada en el archivo secreto de la curia, y recién vio la luz en 2012, cuando se abrió la investigación en la Justicia.

La causa llegó a juicio el 16 de abril de 2o18 -el último juez que tuvo a su cargo el caso, Pablo Zoff, la había remitido a debate el 17 de agosto de 2016-, y en su desarrolló, hasta el 10 de mayo, los testimonios de las víctimas y de los testigos y las pruebas acumuladas fueron suficientes para que el tribunal hallara culpable a Ilarraz, y lo condenara a 25 años de prisión.

El 7 de marzo de 2019, casi un año después de la condena en primera instancia, la Cámara de Casación Penal, con el voto de Alejandro Joel Cánepa al que adhirieron Dardo Tórtul y Cristina Van Dembroucke, confirmó lo resuelto por el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná y cargó contra la responsabilidad de la Iglsia en encubrir y no denunciar los abusos de Ilarraz.

Sostuvo que las víctimas vivieron una verdadera defraudación de su confianza y de sus expectativas, por parte de las autoridades del Seminario Arquidiocesano Nuestra Señora del Cenáculo, adonde habían ido a formarse para el sacerdocio, y también de la Iglesia, al verse desprotegidos de los abusos de Ilarraz, ‘ya que no es cierto que las víctimas de autos no denunciaron a Ilarraz en tiempo oportuno, o que no hayan dado cuenta a otras personas de lo que Ilarraz les estaba haciendo, sino que aquellas ante quienes lo hicieron o quienes pudieron tomar conocimiento de tales situaciones, se preocuparon por mantenerlas en secreto, reserva y sigilo, lo que llevó a que tales hechos nunca salieran a la luz, nunca traspasen la órbita burocrática de la Iglesia Católica local, y no llegaran a oídos de la Justicia, o de cualquier autoridad administrativa estatal y/o educacional, o incluso de los propios padres de las víctimas’.

‘Ese acto de hermetismo defendía y permitía, no solo la supervivencia y protección de Ilarraz, sino además el ´prestigio´ del Seminario y de la Iglesia Católica, fomentándose una suerte de penumbra sobre el tema. Prueba de ello, es que en las jornadas de Mariápolis del 15 y 23 de septiembre del 2012, si bien llevada a cabo por los sacerdotes del decanato III luego del conocimiento periodístico del tema, aún existía un sector importante de sacerdotes que se interesaba solamente en el mantenimiento de tal prestigio. En este sentido, no puedo dejar de citar la declaración de (el sacerdote) Norberto Agustin Hertel, quien señala respecto de dicha reunión celebrada en Mariápolis, en cuanto narra las discusiones en torno al tema y que ´después salta el vocero de prensa del arzobispado Ignacio Patat, que había que cuidar al obispo y si había que caer los demás, había que caer´ y más adelante señala ´Puiggari solo se preocupó por la madre de Ilarraz, que la consolara porque era muy mayor, pero de las víctimas nada se habló´. También es importante en tal sentido la declaración testimonial de José Francisco Dumoulin: ´Expresa que deja el Ministerio a raíz de esa causa, que empezaron a venir las diferencias con Puiggari, me traslada a Villaguay a comienzos del 2013, pero siguieron las diferencias y en el año 2015, surge otra situación similar con otro sacerdote denunciado por abuso, que era el Padre Moya y esto agravó la situación de tensión con Monseñor Puiggari y desanimado y desencantado por este manejo no adecuado, por lo menos a mi modo de entender, es que decidí tomar distancia del Ministerio y hace pocos meses pedí la dispensa del Ministerio después de un año de Licencia´. No son menores los dichos de Gustavo Javier Mendoza, quien señala que ´de los abusos me entero con mucha fuerza en la reunión de Mariápolis en el 2012 y de rumores me entero en el Seminario, pero nunca indagué en el Seminario, se comentaba que había pasado algo turbio, no se decía nada con claridad ni siquiera en la reunión de Mariápolis; siempre se habló de supuestos; una manera triste de manejarse hacia adentro de la Iglesia´’, dice la sentencia.

Ilarraz nunca aceptó los abusos: habló, cuando tuvo que hablar, de «actitudes desordenadas». El 18 de enero de 1997 firmó una carta de su puño y letra en Roma. En esa carta, Ilarraz habla de los abusos, pero en términos de actitudes que califica como “desordenadas”, y que ocurrieron en el lapso temporal que va de los años 1990 a 1992.

‘Esta actitud descalificante que realicé con varios seminaristas, se centra alrededor de los años 1990, 1991, 1992. Fueron tres años o algo más, que reconozco como los peores años de mi vida. Y si bien es cierto que nunca llegué a una relación sexual propiamente dicha, ni a masturbaciones, me avergüenzo y me duele haber llegado a actitudes extremamente desordenadas, con pérdida total del pudor. Nunca me había puesto a pensar en el daño moral o psicológico que podía hacer. Nunca busqué hacer un daño a la diócesis o a alguno de los muchachos. Pero reconozco, ya fuera del problema, el daño que hice a la Iglesia, a la diócesis, a los chicos, a mí mismo’, dice el texto.

En esa carta, Ilarraz pidió perdón.

Su superior de entonces, el ahora cardenal Estanislao Karlic, dijo en la Justicia, en 2014, que tomó conocimiento de los abusos por intermedio del actual arzobispo de Paraná y exrector del Seminario, Juan Alberto Puiggari. Pero el dato relevante es cuando cuenta de su encuentro con Ilarraz en Roma. Dijo que recordaba ‘haberme encontrado con él (Ilarraz) en Roma, mientras él vivía allí. Después de su regreso a la Argentina (y habiendo sido sancionado por el propio Karlic), el cardenal dijo que “no podría precisar (pero se reunió) posiblemente en Buenos Aires’.

‘No recuerdo en detalle. En principio, los negaba absolutamente (a los abusos). Más tarde, admitió su responsabilidad y pidió perdón’.

Ilarraz declaró el miércoles 24 de junio de 2015 ante la jueza Susana María Paola Firpo, que instruyó la causa penal. Fue una declaración extensísima, que duró entre las 10 y las 17, y además de rechazar todos los cargos, desmintió a Karlic. ‘Le dije a monseñor  que pedía perdón porque siempre los sacerdotes tenemos el hábito, la costumbre de pedir perdón antes de cada misa, antes de dormirnos, por aquello que hicimos involuntariamente y aquello que pudimos ocasionar de modo involuntario. Y recuerdo que monseñor Karlic me dijo dos cosas: ´Te pido que por ahora no tengas contacto con los seminaristas hasta que yo te diga´, o una expresión parecida y que tampoco vaya a Paraná, hasta que él me avise. Luego voy a explicar que los resultados de monseñor que dicen que se hicieron en esta instrucción, a mí jamás se me notificó. Jamás monseñor me dijo ´estás excluido, estás desterrado o no podes pisar nunca más la diócesis de Paraná y jamás me dijo que tenía que hacer como penitencia un mes de retiro espiritual ni de palabra ni por escrito, nunca me contó, me pidió, me solicitó. Nada’.

Por fuera de la condena en la justicia civil, se activó un proceso eclesiástico.

El Tribunal Eclesiástico de Buenos se pronunció en forma condenatorio hacia Ilarraz pero esa decisión fue apelada por el cura y el caso llegó a Roma, en 2022.

Entonces comenzó un lento peregrinaje del caso en los tribunales  vaticanos.

La carta que Francisco no respondió

El 16 de agosto de 2013, cuatro víctimas de los abusos del cura Ilarraz enviaron una carta al papa Francisco a través del arzobispado. El texto lo recibió el entonces vicecanciller de la curia, el sacerdote Héctor José Rodríguez -ya fallecido-, y una copia de esa carta fue incorporada al juicio a Ilarraz, que se desarrolló entre el 16 de abril y el 21 de mayo de 2018.

Las cuatro víctimas -entre ellos Fabián Schunk, Hernán Rausch, José Riquelme e I A (nunca quiso revelar su nombre en público)- le pidieron al Pontífice ‘su intervención, dándonos respuesta a los reclamos que hemos venido realizando ante las autoridades eclesiásticas de la Arquidiócesis de Paraná por el término de casi 20 años. Así hemos acudido a monseñor Estanislao Esteban Karlic, Monseñor Mario Bautista Maulión y Monseñor Juan Alberto Puiggari. Ellos, en todo tiempo han estado en conocimiento de los hechos acontecidos en nuestra menor infancia dentro del Seminario Menor, al cual entramos con profundo deseo de servir a la obra de Dios Padre Creador, siendo puros cuerpo y espíritu’.

Y recordaron que ‘durante muchos años hemos llevado en soledad y en el más absoluto sigilo nuestros padecimientos psíquicos y espirituales producto de los abusos sexuales y psicológicos cometidos por quien fuera nuestro prefecto de disciplina en el Seminario Menor’. Y que a pesar de haber respetado lo indicado por Karlic y por Puiggari, sólo recibieron de ambos ‘falsas promesas y mentiras’. Y agregaron: ‘A nuestro entender es una absoluta abominación y herejía que un criminal como lo es el Pbro. Ilarraz siga consagrando el pan en cuerpo y el vino en su sangre de Cristo’.

‘Que le queremos dejar en claro que nunca recibimos apoyo ni ayuda espiritual por parte de los monseñores Karlic, Maulión y Puiggari; ellos sabían todo puesto que teníamos sendas reuniones con los mismos, nos dejaron librados a nuestra propia suerte y fortuna; que hay una investigación diocesana (irregular y no ajustada al derecho canónico vigente en aquel tiempo), que avalan nuestros dichos’, dice el texto. Y agrega la carta remitida en 2013 a Francisco que Puiggari ‘estaba en pleno conocimiento de los hechos desde el año 1989’.

La carta, dijeron las cuatro víctimas, es a los fines de hacer formal denuncia ante el Papa ‘de los delitos de pedofilia cometidos por el Pbro. Ilarraz en nuestras personas; Monseñor Puiggari nos ha cerrado las puertas de su Arquidiócesis y nos ha manifestado que él no tiene ya nada que entender en el tema, que acudamos a Usted directamente’.

La carta finaliza así: ‘Que, a fin de evitar futuras violaciones a los derechos humanos de niños y adolescentes por parte del Pbro. Ilarraz es que solicitamos a Usted su intervención, tomando medidas concretas sobre este caso’.

Fuente: Análisis