Organizaciones ambientalistas salieron al cruce de las expresiones públicas de la Sociedad Rural de Rosario, que exigió que la justicia levante una medida cautelar vigente desde el 1 de julio de 2020, que limita las actividades productivas en las islas frente a Rosario.

Mediante un comunicado y declaraciones de sus autoridades en los medios de comunicación, desde la Sociedad Rural Argentina (filial Rosario) exigieron el levantamiento de cautelar que, consideran “impide el normal desarrollo de la vida y actividad productiva, como lo es la ganadería”, una actividad que, aseguran tiene “200 años de existencia en armonía con el medio ambiente”.

Para los ruralistas, esta medida impide “el debido mantenimiento a través de servicios de maquinarias (…) imprescindible para la realización y preservación de caminos, senderos, alteos, cortafuegos, dragado, en otras obras de infraestructura”, acciones que argumentan son la base del “sostenimiento del arraigo, la actividad productiva y cuidado del medio ambiente”.

El rechazo de ambientalistas a las exigencias de la rural para producir sin límites en las islas

Desde el colectivo denominado Organizaciones guardianas del humedal, que agrupa a entidades de las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, expresaron su preocupación por lo que definen como “una campaña orquestada a los fines de reclamar el levantamiento de la medida Cautelar de la Justicia Federal, sancionada oportunamente a los fines de proteger los ecosistemas asociados al Río Paraná y sus humedales, bajo el argumento de ser en teoría una medida injustificada y que a la vez impide el normal desarrollo de las actividades productivas en estos territorios”.

“Una nueva bajante del río tan prolongada como inédita, pone nuevamente a la luz problemas tales como una amenaza permanente de surgimiento de incendios sin los cortafuegos naturales que son los bañados, riachos y lagunas del delta, un contexto propicio a los movimientos de suelo (entre ellos los nefastos terraplenes), la permanente presencia en territorio de cazadores que han diezmado la fauna nativa, la descarga de material del dragado de la mal llamada hidrovía, que obturan los ingresos de agua al humedal, el avance incesante de ocupaciones inmobiliarias ilegales y hasta la insólita realización de las denominadas fiestas electrónicas en estos territorios”, argumentaron desde el colectivo ambiental, en defensa de la cautelar.

En este marco, consideraron que el contexto actual “justifica la vigencia de una medida cautelar cuyos efectos disuasorios son imprescindibles en esta crisis hídrica, la cual lamentablemente no deja de extenderse en el tiempo”.

En el mismo sentido, resaltaron que la cautelar vigente es “un elemento imprescindible para proteger estos frágiles ecosistemas” y consideraron que “la producción que se realice en estos territorios, debe adaptarse al ambiente y geografía, en caso contrario, no es sostenible ni sustentable”.

En respuesta a lo expresado por la SRA de Rosario y sus pares de la localidad bonaerense de San Pedro, manifestaron que la medida judicial molesta porque su incumplimiento “implica responsabilidad penal” y que “a través de los años se comprobó que las sanciones administrativas no son disuasivas” en materia ambiental y, en ese marco, “la cautelar constituye un límite para un sector que nunca entendió de límites”.