Trascurría el año 2021, pandemia, restricciones y crisis, cuando una joven se presentó en la comisaría de la ciudad de Viale para denunciar que una mujer la mantenía cautiva y la explotaba sexualmente en su vivienda. Luego de su testimonio en la Fiscalía, intervino la Justicia Federal que arrestó y procesó a Melisa Antonella G. por el delito de Trata. La causa llegó al Tribunal Oral Federal de Paraná para juzgar a la acusada. Su defensa solicitó recientemente la excarcelación o, al menos, la prisión domiciliaria. Con la oposición a tal planteo del fiscal general José Ignacio Candioti, el Tribunal lo rechazó porque, entre otras razones, la mujer está presa porque amenazó con un cuchillo a la víctima para que retire la denuncia.
La investigación pudo demostrar que, si bien había un circuito de clientes que se contactaban con la imputada, tampoco la situación de Trata en la que se encontraba la víctima era algo demasiado oculto ni desconocido. La mujer ofrecía a la joven a través de Facebook, enviando imágenes a los potenciales clientes, y también la ofrecía en el bar El Tano de la ciudad de Viale, según surge del expediente judicial al que tuvo acceso PlazaWeb.
A fines de 2021 la víctima pudo denunciar y las pruebas que se reunieron fueron bastante fehacientes acerca de la actividad delictiva de Melisa G., por lo que la apelación al procesamiento fue rechazada. De esa manera, la mujer irá a juicio como autora del delito de “captación, acogimiento, ofrecimiento y traslado con fines de explotación sexual de M. R. V., triplemente agravado por haber mediado violencia o amenazas, haberse aprovechado de la situación de vulnerabilidad y haberse consumado la explotación”.
Los hijos y la amenaza
El defensor público oficial Mauricio Zambiazzo, solicitó la excarcelación bajo caución juratoria de Melisa G. y, en subsidio, la morigeración de la prisión preventiva mediante la inclusión al Programa de Vigilancia Electrónica, es decir, la domiciliaria con tobillera. Afirmó que la revocación de su libertad fue “arbitraria y desprovista de fundamento”, y afirmó que su encarcelamiento “produce un impacto negativo en los menores”, así como que “no cuenta con los medios económicos para fugarse”.
Por su parte, el fiscal general Candioti señaló que el delito por los hechos que se le endilgan a la mujer, son de una “gravedad indiscutible” y que “la severidad de la pena es evidente”: de 8 a 12 años de prisión, la cual es una de las razones para presumir que la acusada podría entorpecer el proceso judicial si queda libre.
Asimismo, mencionó entre las pruebas del expediente las comunicaciones entre Melisa G. y “diversos ‘pretensos clientes’ mediante los cuales solicitaban los servicios de la víctima”. Asimismo, sostuvo que en el allanamiento de la Policía al domicilio de la acusada se encontró el D.N.I. de la víctima oculto entre prendas de vestir en un mueble.
No menor es lo que sucedió a mediados de enero de este año, cuando la víctima denunció en Viale a Melisa G. por haberla amenazado de muerte con un cuchillo para que retire su acusación, lo que motivó el actual encarcelamiento de la acusada.
En cuanto al argumento sobre la situación de los seis hijos de la víctima, Candioti mencionó los informes de los profesionales que intervinieron en la asistencia y seguimiento de los mismos, y sus conclusiones son favorables al alejamiento de su madre: “Sus hijas manifiestan que no quieren estar con su madre, que las amenaza y les dice que va a ejercer violencia sobre ellas”, sostuvo el fiscal, y agregó que los informes dan cuenta que “se encuentran bien con bajo el cuidado de su abuela”.
Presa hasta el juicio
Al momento de resolver, la jueza del Tribunal Oral Federal de Paraná, Lilia Carnero, también valoró el informe confeccionado por el Área de Niñez, Adolescencia y Familia de la Municipalidad de Viale, donde se informa la situación de las niñas menores hijas de la acusada: “Surge que las niñas se encontrarían muy bien atendidas en la casa de su abuela ya que se encuentran a gusto, aseadas, con un cambio sumamente favorable tanto a nivel físico como anímico”.
Asimismo, la psicóloga del centro de salud Doctor Ramón Carrillo destacó que “al momento de que las menores vivían con su madre, existían derechos del niño que se encontraban vulnerados (conforme indicadores relativos a la higiene, educación, maltrato, trabajo infantil y libertad de expresión), por lo que se sugiere la posibilidad de restringir el contacto de las menores con su mamá y que si no se puede restringir totalmente, que sea monitoreado por el área NAF”.
También analizó los “reiterados incumplimientos” de las restricciones que la Justicia le impuso a Melisa G, como la amenaza en la vía pública a la denunciante.
De este modo, se rechazó el pedido de la defensa y la mujer llegará detenida al juicio oral por Trata.
El hecho imputado “Que, sin poder precisar fecha, durante el año 2021, la compareciente captó a la ciudadana M.R.V., aprovechándose para ello de la situación de vulnerabilidad económica y sociocultural en la que se encontraba y la acogió con fines de explotación sexual en su domicilio ubicado en calle Hasenkamp casa N° 11 de la ciudad de Viale bajo intimidación, amenazas y de la retención del Documento Nacional de Identidad. A los fines de consumar dicha explotación, la retuvo en su vivienda obligándola a prostituirse, ofreciéndola mediante redes sociales y en el `Bar el Tano´ de dicha localidad para que mantuviera relaciones sexuales con diferentes hombres, así como también la trasladó al mencionado bar con el propósito de concretar encuentros sexuales con diferentes hombres a cambio de dinero, en todos los casos, recibiendo y apropiándose de lo recaudado, consumándose en consecuencia la explotación anteriormente aludida”.
